Recientemente, un amigo perdió su trabajo debido a una reestructuración empresarial. Actualizó su hoja de vida y, entre las oportunidades laborales a las que está aplicando, le solicitaron los antecedentes penales y policíacos. En 2016, debido a la alta demanda de este servicio, este amigo dedicó cerca de cuatro horas para realizar cada trámite, enfrentando filas de más de cien metros. Aunque este proceso ha mejorado con el tiempo, seguimos enfrentando la cruda realidad: la burocracia, si es mal gestionada, nos puede robar lo más valioso e irrecuperable que tenemos, el tiempo.
Como país, hemos logrado avances en la lucha contra la corrupción, pero también debemos enfocarnos en combatir otros males. En ese momento pensé: “Este proceso de obtención de antecedentes debería ser sencillo implementando la firma digital. Deberíamos ser capaces de ingresar nuestro documento de identificación en la página del Ministerio de Gobernación, realizar el pago en línea e imprimir el documento con una firma electrónica”. Así, el empresario que busca los antecedentes del candidato podría verificar su autenticidad en la página web del Mingob utilizando el código del certificado.
Tomar un proceso que antes tomaba cuatro horas y reducirlo a cuatro minutos es solo un ejemplo de los muchos trámites que pueden simplificarse. La SAT dio un paso adelante al permitir la generación digital de la calcomanía del impuesto de circulación vehicular. Una premisa fundamental que deben adoptar las entidades gubernamentales es no solicitar información que ya poseen. Por ejemplo, al realizar un trámite, nos piden copia del DPI, copia de la patente de comercio, solvencia de impuestos, información que el gobierno ya tiene en sus bases de datos. El problema es que estos datos no están centralizados. No obstante, con la tecnología de la información, esta centralización puede lograrse a nivel nacional, transformando procesos de horas en minutos. Esto también influye en la optimización de costos de transporte, especialmente para trámites que sólo pueden realizarse en la ciudad capital. Además, permitiría ofrecer un servicio 24/7, eliminar intermediarios y costos adicionales que opacan la transparencia del proceso.
Los gobiernos puede invertir en la interconexión digital entre instituciones a través de Internet, facilitando el flujo de datos, reduciendo el uso de papel y garantizando la seguridad, confianza y facilidad de acceso al sistema que almacena toda esta información. Esta Transformación Digital también implica un componente crucial dentro del Marco Jurídico, donde el rol de los abogados es vital para dar certeza a todos estos procesos digitales. Este cambio debe comenzar en la academia, incluyendo cursos de tecnología de la información en la carrera de Derecho, y cursos de informática aplicada a la optimización de gestiones gubernamentales, entre otros.
Ahora que hemos tomado conciencia del poder social para impulsar el cambio, unámonos para ayudar a nuestras autoridades a mejorar los servicios públicos, buscando que nos faciliten la vida ciudadana y maximicen el uso de nuestros impuestos.
